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Los obispos que han izado la bandera del integrismo no tienen su problema principal con el Estado, sino con su propio ascendiente moral sobre los fieles. Hace tiempo que la sociedad española ha vuelto la espalda a los códigos de conducta que tratan de imponer algunos administradores de la fe, y la reacción de éstos resulta incongruente. En lugar de actuar de acuerdo con la radicalidad de su discurso y apartar de la Iglesia a los creyentes que recurren al divorcio, el aborto o el matrimonio homosexual, pretenden que el Estado les evite el trabajo derogando esas leyes para todos los ciudadanos, sean creyentes o no.
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De aquí.
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