Incompatibilidades

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Las religiones son inefables -se sitúan fuera de toda posibilidad crítica-. Las religiones pretenden tener la exclusiva de la verdad e imponérsela a todos los hombres. "¿Qué puedo hacer para que otros se salven y para que surja también para ellos la estrella de la esperanza?", es una pregunta imperativa que el Papa Ratzinger hace en la encíclica Spe Salvi. Las religiones entienden que la legitimidad del poder emana de Dios y no de los hombres. Estas tres características las hacen incompatibles con las bases del sistema democrático. Por eso deben mantenerse al margen de las decisiones políticas. La coartada religiosa no es argumento para saltarse las leyes democráticas. Y, sin embargo, el Estado democrático tiene la libertad de expresión y de creencia como principio fundamental. Por eso, no debe intervenir sobre las ideas religiosas. Esta clara división de papeles es la que quiere confundir en Europa una nueva santa alianza de la derecha y el altar.

De aquí.

El Infierno de los católicos

/../el viejo chiste del tipo que se va al infierno, le abren la puerta, y aparece un diablo con una copa de champán (un R.D. Bollinger, pongamos por caso) en una mano y una bandeja de canapés en la otra. El condenado, acojonado, pregunta qué es todo esto. Y el diablo le cuenta que aquello es el infierno, un lugar confortable donde la gente se ama, donde han ido a parar /.../ los mejores músicos y poetas… Y en esto, el condenado fija su mirada al fondo del inmenso salón donde un grupo de gente hierve en grandes ollas de aceite, alanceada por los tridentes de los demonios. ¿Y aquello qué es? Es el infierno de los católicos –contesta el diablo-… pero es que a ellos les gusta.

De aquí.

Los negocios.

La Audiencia Provincial de Madrid archiva el caso del Severo Ochoa y preordena que se suprima de la sentencia toda referencia a malas prácticas de los médicos. En definitivas cuentas, en ese hospital ni se mato a nadie, ni se hicieron las cosas mal. Ya lo dijeron los inspectores que mandó la propia Comunidad de Madrid: felicitaron al servicio por su trabajo. Esperanza Aguirre afirmó que el consejero de Sanidad, Manuel Lamela, y ella misma se podían “haber equivocado, pero en el momento en que esto se aclare, estos profesionales podrían volver”. ¿Cómo va resarcir a médicos, enfermeros, celadores, de las acusaciones de asesinos, doctor muerte, exterminadores, con las que se referían a ellos en los medios de comunicación afines? El señor Lamela, en la COPE, dijo que en muchos  casos las sedaciones se hicieron sin consentimiento y sin que hubiera “sufrimiento” del enfermo, una forma muy fina de llamarles criminales. Usted nunca se creyó la acusación, usted no es un idiota, es otra cosa. Sabía que eran inocentes, pero ¿se imagina que el juez le hubiera dado la razón? Hubieran sido condenados a muchos años de cárcel por asesinar a 400 personas, más del doble que el 11 – M. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Les va a recibir para que le cuenten lo que han vivido ellos y sus familias durante este tiempo? ¿Les va a explicar los motivos reales que le llevaron a organizar la persecución política de unos profesionales que no han hecho otra cosa que trabajar en beneficio de la sociedad? Detrás de todo esto hay una causa con unos intereses económicos incalculables, se llama: Privatización de la Sanidad. Es el precio que tenemos que pagar por estar gobernados por personas que llegan al poder para hacer negocio con lo público y están dispuestas a todo.

De aquí.

Al pie de la letra

Bush y las actuales tormentas financieras

Paul A. Samuelson 28/01/2008

"Ojalá tus hijos vivan tiempos interesantes". Estas palabras eran una antigua maldición, no un deseo de buena voluntad: las guerras y las revoluciones son épocas apasionantes. Una prosperidad prudente y pacífica es muy aburrida. Y así pareció evolucionar la macroeconomía entre 1980 y 2005, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. Qué engaño.

1. En teoría, se había controlado ya la inflación, y el coste no habían sido más que dos breves recesiones sucesivas en el periodo 1980-1981, cuando Paul Volcker era presidente de la Reserva Federal.

2. Después vino la "saludable burbuja" del mercado de Wall Street que Merlín el Mago, encarnado por el astuto Alan Greenspan, dejó que se enconara a lo loco.

"Al fin y al cabo", decía el doctor Greenspan recordando su época en la camada de Ayn Rand [fundadora del objetivismo], "si unas personas invierten en acciones o valores que están revalorizándose, ¿quiénes somos nosotros para poner en duda lo que hacen y bajar los márgenes permitidos de compra con financiación ajena o aumentar los tipos de interés de la Reserva Federal?" Con suerte, podía contarse con que las innovaciones de Joseph Schumpeter fueran beneficiosas para todos.

Lo que era inevitable sucedió precisamente cuando George W. Bush se hizo con la presidencia en 2000 y los republicanos obtuvieron mayoría en las dos Cámaras del Congreso.

El "conservadurismo compasivo" de Bush se tradujo en compasivos regalos fiscales a los plutócratas, además de una nueva desregulación de la contabilidad empresarial.

En Wall Street, los cínicos llamaron a esta nueva etapa "la nueva era de Harvey Pitt". Pitt fue nombrado presidente de la Comisión del Mercado de Valores estadounidense (SEC en sus siglas en inglés) precisamente porque había sido asesor legal de las Cuatro Grandes, las principales empresas de contabilidad. El primer discurso de Pitt proclamó el amanecer de "una SEC más amable".

Los abogados, contables y consejeros delegados entendieron lo que insinuaba Pitt: si uno se acogía a tal o cual vacío dudoso para eludir impuestos, a Hacienda no le iba a importar. Era posible ocultar las pérdidas y exagerar los beneficios mediante unos manejos de los balances que violaban las estrictas normas de contabilidad legisladas en los años anteriores a Bush.

¿Por qué traer a colación esta vieja historia? Por una buena razón.

Las bancarrotas y las ciénagas macroeconómicas que sufre hoy el mundo tienen relación directa con los chanchullos de ingeniería financiera que el aparato oficial aprobó e incluso esti-muló durante la era de Bush. El joven George Bush no sólo metió la pata en la política de Oriente Próximo. Además, la versión Bush-Rove de la democracia plutocrática logró la peculiar alquimia de convertir un ciclo normal de expansión y contracción en la vivienda en un pánico financiero mundial a la vieja usanza y difícil de controlar.

En esta ocasión, Estados Unidos fue la Eva del Paraíso que tentó a los banqueros suizos, alemanes y británicos para que comieran la perversa manzana de la no transparencia y la inconsciente utilización desmesurada de fondos ajenos para comprar. ¿Previeron Ayn Rand y el libertario Milton Friedman que el Edén del mercado de Adam Smith iba a convertirse en el desorden actual? ¿Dónde estaban el gobernador del Banco de Inglaterra, Mervyn King, y los responsables del Banco Central Europeo y el Banco de Japón mientras empezaban a venirse encima estos desastres?

Ni los habituales consejeros delegados mediocres ni los dirigentes mundiales prestaron nunca la suficiente atención a los peligrosos vientos que empezaban a soplar. Si estuviéramos en 1929, la actual epidemia financiera sería el preludio de una larga depresión mundial. Por fortuna, la historia económica nos ha enseñado mucho desde entonces.

Los bancos centrales, como explicaron Walter Bagehot en el siglo XIX y Charles Kindleberger en el XX, son, sobre todo, los prestamistas de último recurso. Como diría Kipling, "¿qué saben de dinero si sólo el dinero conocen?" Cuando las acciones y los bonos se calientan o se congelan, la preocupación de la inflación, el mantra inicial de Bernanke, no es suficiente, ni mucho menos.

La calle, en todo el mundo, está pendiente de ver cómo hacen frente los Gobiernos al torbellino sembrado por ese exceso de desregulación: pérdida de puestos de trabajo; ahorros dilapidados; aumento de precios en la energía y las materias primas; ganancias de capital negativas en la vivienda y las carteras diversificadas. Por supuesto, algunos problemas se derivan de nuestros propios pecados de omisión y comisión. Otros, de las conmociones en el suministro: interrupciones en las perforaciones de petróleo de Oriente Próximo, inflación en las materias primas y los alimentos debido a la nueva demanda de un nivel de vida mejor en China. No obstante, son más los que proceden de los fallos cometidos por los administradores sociales a los que los votantes, ricos y pobres, eligieron para los más altos cargos.

Parece que, por fin, ha entrado en la Casa Blanca el viejo lema: "Es la economía, estúpido". Y el presidente George W. Bush -a quien enseñaron algo mejor que eso en Yale- se ha lanzado a formular, en serio, la propuesta de hacer permanentes las apresuradas ventajas fiscales y desregulaciones causantes de los escándalos económicos de hoy.

Varios asesores del circo que fueron los primeros años de Reagan, partidarios de la economía de la oferta, miembros desacreditados de la derecha radical, han salido de su retiro para volver a pedir que no haya impuestos sobre las ganancias de capital y que determinados servicios esenciales del Gobierno pasen a depender por completo de un impuesto de tipo único para los asalariados.

Cuando el miedo al riesgo ahoga tanto la inversión como el consumo, la receta para que los bancos bajen más los tipos de interés es un gasto presupuestario sensato y mesurado.

Las locuras de los electorados se pueden remediar en futuras elecciones. Sin embargo, todo el mundo sabe que, hoy en día, el dinero sirve para comprar votos legalmente. Por eso los realistas matizan su optimismo con cierta cautela.

Debido respeto

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Va perdiendo fuerza el principio clásico de que el ámbito de lo tolerable y el ámbito de lo que aprobamos no coinciden. Cualquier ejercicio de distinción entre lo legal y lo moral parece una coartada para el relativismo. Pero convivir en una democracia pluralista requiere haber aprendido a distinguir lo que nos gusta de lo que simplemente soportamos, haber renunciado a erigir nuestras preferencias en norma universal, no confundir el respeto con el reconocimiento o el derecho con el aprecio. Esta distinción es correlativa a la diferencia entre un espacio público y otro privado, cuya demarcación será discutible y puede fluctuar a lo largo de la historia, pero sin la que nos enzarzaríamos en un combate por exigir de otros lo que no tenemos derecho a obtener. Son estas distinciones básicas las que se tambalean ante la extroversión histérica de la intimidad. El primer derecho humano es no estar obligado a gustar a todos. Los derechos de la persona no pueden hacerse valer si no hay un ámbito protegido de la exigencia de justificación por los demás, lo que supone una esfera de privacidad que no es propiamente política. Nos hemos acostumbrado al tópico de que la tolerancia es muy poco, pero no deberíamos olvidar que ese poco es imprescindible.

En nuestras sociedades se reclaman con frecuencia demandas que van más allá de la búsqueda de la justicia social y económica; lo que se exige como derecho político es la felicidad personal, el reconocimiento moral, la gratificación sexual o la salvación del alma. Pero esto es algo que no tiene ningún sentido demandar y que además no es necesario para el desarrollo de la propia identidad. En pleno movimiento por los derechos civiles, Martin Luther King afirmaba: "No pedimos que nos queráis. Sólo os exigimos que dejéis de jodernos". Formulaba así una idea de respeto igualitario que suponía el reconocimiento de que la acción pública y la intimidad privada tienen diferentes requerimientos. El concepto de espacio público introduce una distinción entre vida pública y experiencia privada que es actualmente oscurecido por el lenguaje terapéutico (plagado de referencias a "sentimientos compartidos" o a la "autoestima"). Tal vez esta confusión se deba a la dificultad de diferenciar los principios del espacio privado y las exigencias del mundo común. Un espacio público bien articulado requiere que haya unas cuestiones sociales que son puestas en el ámbito de la deliberación pública y otras que son protegidas del escrutinio colectivo.

Una ciudadanía democrática no puede desarrollarse allí donde no se ha aprendido a distinguir entre el mero respeto y la aprobación. Si uno no sabe que está obligado a tolerar cosas que no comparte, si se empeña en que sus preferencias deben contar con el beneplácito de todos, entonces se incapacita para vivir en sociedad. En lugar de la convivencia entre diferentes, limitada y condicionada por una perpetua negociación acerca de lo que se muestra y lo que es mejor guardar discretamente, hay quien se obstina en encontrar concesionarios de autoestima, en subrayar histéricamente sus emociones, en publicitar las conquistas amorosas, en desconectar su peculiaridad de la común humanidad, en proteger sus convicciones religiosas bajo un baldaquino social... Todas esas publicitaciones son cosas que no hace ninguna falta tener para sentirse de un lugar, ni para querer a alguien, ni para ordenar los propios afectos o practicar una religión. ¿Por qué entonces nos empeñamos en perseguir tales sanciones públicas? Seguramente porque a través de esa pública aprobación se revela una profunda debilidad de la propia identidad, de los sentimientos o de las convicciones religiosas.

No es posible vivir sin espacios de indiferencia pactada, lo que Goffman llamaba "una desatención educada". Gracias a ellos aseguramos la principal conquista de nuestra civilización, que no es el cariño mutuo asegurado sino la posibilidad que nos ofrece de convivir e incluso actuar juntos sin la compulsión de ser idénticos.

De aquí.

Libertad provisional

Estamos siendo testigos de la pasividad con la que actúan las autoridades competentes ante el ataque que sufren las clínicas donde se practican abortos. Parece que responsables políticos de la Comunidad de Madrid han decidido recibir a fin de mes a los representantes de estas clínicas, que están dando la cara allí donde la sanidad pública no llega, o no quiere llegar. Esperemos que esta vez no se escuden, de nuevo, en el argumento de que es un tema judicial y que ellos no tienen nada que hacer. Recuerdo que fue doña Esperanza Aguirre la que con motivo del interrogatorio al que fueron sometidos dos miembros de su partido por un intento de agresión al entonces ministro Bono, del que salieron absueltos, a pesar de las flagrantes imágenes de vídeo (que no fueron admitidas como prueba, enhorabuena a los premiados), se refirió a aquellos policías como miembros de la Gestapo. Habían osado interrogar a dos de los suyos. No la he visto reaccionar del mismo modo ahora, cuando se han presentado en casa de madres que bañaban a sus hijos, para comunicarles que debían prestar declaración por una intervención de aborto del pasado, en un vergonzoso acto intimidatorio de culpabilización. Estos gestos autoritarios siembran la alarma social más que la voluntaria interrupción del embarazo, y nos demuestran que la libertad no es un bien eterno; son muchos sus enemigos. El derecho a decidir de las mujeres no fue un regalo de la democracia, sino una consecuencia de la lucha de la ciudadanía. El conformismo, la resignación y la demagogia del “todos son iguales” termina de un plumazo con derechos que parecen consustanciales al sistema y son del todo reversibles. Los francotiradores siguen apostados, con sus miras ajustadas, en su puesto.

De aquí.

De qué estamos hablando (2)

El banderazo de salida lo dio en Madrid el señor Lamela, actual consejero de Infraestructuras (cargo que compatibiliza con sus negocios inmobiliarios, no se espera a dejar la política, tiene prisa), con el brutal ataque al Hospital Severo Ochoa. Acusaban a aquellos médicos de haber asesinado a 400 personas. La justicia archivó el caso tres años después (el juez colaborador esperó a que pasaran las elecciones). El día que montaron el circo de la detención del doctor Montes, se aprobó la concesión de los hospitales que están a punto de inaugurar, que son de construcción y gestión privada, y donde la sanidad pública aporta el personal sanitario. PFI se llama el sistema. Es una forma clandestina de privatizar la sanidad. No hubo debate, todos los medios se ocupaban de aquel campo de exterminio llamado Severo Ochoa. Perversos son, pero de tontos, ni un pelo, y sus aliados mediáticos funcionan como un reloj, forman una vergonzosa unidad de acción. La OMS (Organización Mundial de la Salud) puso el grito en el cielo y alertó con un informe demoledor, ingenua, de las nefastas consecuencias de este sistema, ya probado en Reino Unido y Australia: a medio plazo, baja la calidad de asistencia, encarece las prestaciones y enriquece a los concesionarios a costa de las arcas públicas. Lleva a la ruina. Las autoridades madrileñas se pasaron el informe por donde tienen la ética.

La privatización de la sanidad es un asunto muy grave. Sólo un dato: en EEUU se estima que fallecen al año 150.000 personas, que no morirían con un sistema de salud como el nuestro. Una catástrofe mayor que la peor de las guerras imaginable, sin que sea noticia, pero sí el principal negocio de aquel país. Enhorabuena a los premiados.

De aquí.

Conjuros cínicos y oportunistas.

Lo malo de los problemas mal resueltos es que nunca abandonan la escena como problemas. A lo que se une el hecho de que las soluciones a medias irrumpen en ésta de un modo que contribuye a agudizarlos. Tal es lo sucedido con el deficiente tratamiento legal del aborto, que, sin dar una salida satisfactoria al drama de las mujeres presa de embarazos no deseados, actúa sobre ellas en forma de una brutal amenaza sobrepenalizadora.

La torpe reducción de un hondo conflicto existencial a delito, presto a ser usado para calentar algún tipo de opinión - y, con mayor o menor intensidad represiva, en función de que exista o no un sujeto policial o judicial más o menos activable a tenor de ciertos presupuestos ideológicos- es algo abierto a manipulaciones oportunistas y generador de inseguridad jurídica.

El aborto es un verdadero universal en la historia de la humanidad. Para los aficionados al historicismo escatológico, diría que más antiguo que la Iglesia y el Estado y que los sobreviviría. A despecho del atávico ensañamiento persecutorio de la primera mediante el uso instrumental del segundo. Y a pesar también de esta triple evidencia.

Primero: no existe el aborto-deporte, así, ni hay ni nunca hubo riesgo de que la adopción del sistema de plazos pudiera alentar la expansión del fenómeno; que, sin embargo, conocidamente se nutre de la acción obstaculizadora de las diversas formas de contracepción (de vieja estirpe eclesial).

Segundo: la conminación penal del aborto nunca ha operado a favor de la vida, pues la evolución estadística del mismo es impermeable a las vicisitudes de la persecución. Por la razón elemental de que las acciones humanas que responden a una profunda necesidad personal ofrecen invariable resistencia al influjo del Código Penal. Así, resulta que la interrupción del embarazo y la reacción punitiva discurren en paralelo, con patente indiferencia de las cifras de la primera al desarrollo de los índices de criminalización. De donde se sigue una aleccionadora consecuencia: si la persecución penal del aborto no es realmente útil para proteger embriones no deseados, haciendo que lleguen a término, entonces es sólo un conjuro. (Algo que, por afinidad subcultural, explica el encendido fervor que suscita en ciertos medios religiosos). Pero, ojo, un conjuro que sólo sirve para añadir sufrimiento al sufrimiento, en especial en las mujeres con más bajos niveles de renta, las más expuestas.

Tercero: la opción del aborto-delito tal como aparece acogida en nuestro Código Penal (¡el "de la democracia"!) favorece, paradójicamente, la forma de empleo mágico-religioso a que acabo de aludir, por lo que sus efectos nada tienen que ver con la defensa de la vida. Ni la futura de los nascituri, ni la calidad de la de las embarazadas a su pesar. Y responde a una filosofía jurídica de fondo que es francamente liberticida y atentatoria contra la dignidad de éstas. Porque los códigos de los Estados constitucionales no imponen a nadie, por vía de obligación ni de pena, gravámenes que comprometan tanto la autonomía moral y social de la persona, como el representado por una maternidad coactiva, con todo lo que ésta implica.

No tengo la menor duda de que el aborto es un mal. Y por eso, creo que hay que poner a contribución todos los esfuerzos constitucionalmente legítimos en una sociedad pluralista, para reducir su incidencia. Y esto es algo que no se hace con agitaciones y cruzadas como las emprendidas y azuzadas, tan oportunamente, por algún movimiento político-religioso. Y tampoco con actitudes como las de la derecha política en la materia, que demoniza el aborto (o el divorcio, o el matrimonio homosexual: lo que toque) cuando son otros quienes lo llevan al BOE (aunque sea de forma harto insatisfactoria en el caso del primero); para mantenerlo luego de manera vergonzante si es ella misma quien gobierna. A sabiendas de contar con el no menos vergonzante silencio eclesiástico... hasta que convenga tácticamente cambiar el paso.

Como he recordado alguna vez, Quintano Ripollés, prestigioso penalista y magistrado conservador, escribió hace cuarenta años: "Fuera del mantenimiento del crimen de aborto como la destrucción de la obra divina que es toda criatura humana, las demás razones son bien poco convincentes, cuando no abiertamente cínicas". Y, en efecto, tenía razón Quintano: algo hay de cinismo. También en el caso del legislador, que tal vez pueda engañar, pero no engañarse. Porque cuando, como ocurre, la OMS contabiliza anualmente en el mundo algo así como medio centenar de millones de abortos, es claro que lo que aquél tiene delante no es la opción entre aborto sí o aborto no, sino sólo decidir qué tipo de aborto quiere propiciar: el clandestino y, con frecuencia, séptico, o el regular realizado en las mínimas condiciones de dignidad y de salubridad para las que tienen que padecerlo.

De aquí.

De qué estamos hablando

Mariano Rajoy, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón le han hecho un daño importante y objetivo al PP, a menos de cinco semanas de las elecciones generales y eso lo saben todos sus militantes y dirigentes. El desánimo de la organización está justificado. De nada sirve todo su trabajo y dedicación si lo único que se presenta ante la opinión pública es una lucha descarnada por el poder, no cara a la formación de un hipotético Gobierno el 9 de marzo, sino a un proceso de sucesión en la cúpula, derrotada, del propio partido.

Lo curioso del desarrollo de esta crisis es su extraordinaria inoportunidad, impropia de políticos con experiencia y con un mínimo de sentido de la proporción, y la certeza de que, para colmo, esta historia no va a aportar beneficios personales para ninguno de sus protagonistas, incluida la presunta vencedora del encuentro, Esperanza Aguirre.

Hasta ahora, la presidenta de la Comunidad de Madrid podía presentarse ante su propio partido como alguien a quien, en caso de derrota de Rajoy, nadie podría exigir la menor responsabilidad. Al acudir a Génova "dispuesta a matar o a matarse", como definió su posición un alto cargo del PP, Aguirre soportará ahora su parte de culpa en una eventual derrota. Ella también habrá tenido que ver en el deterioro de la imagen de Mariano Rajoy (incapaz de sostenerle el pulso), en el desánimo de su organización (que no es sólo Madrid, como a veces parece creerse ella misma) y en la percepción del Partido Popular como un organismo que cada día es más incapaz de acoger las distintas sensibilidades de la derecha y centro-derecha española.

Al margen de la pelea personal que han encarnado Aguirre y Ruiz-Gallardón, algunos quieren ver en esta crisis la demostración del éxito cada vez mayor de la extrema derecha dentro del PP. Es probable, sin embargo, que no tenga tanto que ver con una concepción clásica del conservadurismo extremo español como con un nuevo y poderosísimo coletazo de la corriente neocon del PP, mucho más influida por sus raíces norteamericanas y por el extraordinario giro ideológico dado en los últimos años de su mandato por José María Aznar que por sus raíces más tradicionales.

La fuerza que está tomando esta corriente dentro del PP es quizás el fenómeno más importante de la derecha española. Es con esa corriente neocon, precisamente, con la que sueña con conectar la jerarquía de la Iglesia católica, en una fórmula a la estadounidense, que ha sido ajena hasta ahora al PP (no está representada por ejemplo en sus programas electorales), pero que algunos dirigentes populares están tomando ahora más en consideración. Sobre todo, porque la Iglesia le ofrece a cambio, igual que en Estados Unidos, una red de telepredicadores mediáticos, representada en la Cope.

Es probablemente esta corriente, inspirada, controlada y alimentada por Aznar, y en la que se encuadran tanto Esperanza Aguirre como el nuevo fichaje Manuel Pizarro, la que está tomando posiciones cara tanto al éxito como a la eventual derrota de Mariano Rajoy, decidida a no dejar que sea el actual presidente quien controle ni su política ni su proceso de recambio. Si Rajoy pierde las elecciones serán ellos quienes primero exijan su inmediata dimisión y quienes intenten copar el poder interno. Es posible que hayan creído que Ruiz-Gallardón, instalado en el Congreso de los Diputados, hubiera podido ser un impedimento para esa rápida operación y que merecía la pena cualquier coste para impedirlo.

Teóricamente, toda esta operación es un asunto interno del PP, que no tiene porqué interesar al conjunto de los ciudadanos. En la práctica, eso no es todo. De hecho, esta operación es una operación muy interesante que debería reportar un verdadero beneficio para la ciudadanía: saber de qué estamos hablando en realidad.

De lo que hablamos es de cosas que nos importan mucho. Por ejemplo, de cómo resolver el deterioro de la sanidad pública. En Madrid, ya que los protagonistas del día son Aguirre y Gallardón, las principales asociaciones de médicos pediatras han denunciado lo que consideran una situación "crítica" en la atención primaria para los niños de entre 0 y 14 años. La población infantil, alimentada por la inmigración, ha aumentado hasta los 830.000 niños para una plantilla de 846 pediatras. Oriol Güell, el especialista en sanidad de la sección de Madrid de este periódico, ha explicado en varias ocasiones que en esta ciudad los pediatras están pasando consulta a más de 50 niños al día (muy pocos minutos para cada uno). Lo recomendable, dicen los especialistas, es no superar un cupo de 900 niños por profesional. Es decir, en Madrid faltan casi 100 pediatras para respetar la proporción que aconsejan los organismos internacionales. Resolver ese problema exige decantarse por opciones políticas concretas y enfrentadas. No es lo mismo un enfoque neocon, basado en permitir el deterioro de esos servicios para luego extender a marchas forzadas la gestión privada de la sanidad pública, que el enfoque basado en la mejor atribución de recursos y en la ampliación de la actual red asistencial.

De aquí.

Gérmenes muertos

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De acuerdo, que nos insuflen unos gérmenes episcopales muertos para que el cuerpo social reaccione y acumule defensas.

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De aquí.

El derecho divino

La libertad no es igual para todos. Algo tan triste es reivindicado por el arzobispo de Mérida-Badajoz, defensor de las castas, cuando afirma poseer una “libertad superior” a la de los políticos para manifestarse. Los políticos son interinos, cambian a golpe de urna o, de estado, tanto da, pero los obispos siempre están. Los que no practicamos la religión verdadera no le comprendemos porque no nos ponemos en su lugar. Nuestra Constitución no le vale. En su esquema mental, los ciudadanos no son iguales en derechos. En todo caso, lo son a los ojos de dios, pero él es humano, y por el hecho de pertenecer a la elite espiritual que tiene la patente exclusiva de la doctrina de Cristo, es depositario de la “verdad revelada”, la que debe enseñarse obligatoriamente a todos los niños, y no va a aceptar ni por el forro del solideo que se le equipare en derechos a un grafitero, a un político, o a una mujer. Para empezar, y abandonando lo políticamente correcto, la mujer está para el servicio. De dios, en primer lugar, y del hombre después. Y el que quiera enterarse de cuál es el lugar que corresponde a la transmisora del “pecado original”, que acuda a las casas de convivencia de las sectas que tanto celebra el Vaticano. Un cualquiera, por el hecho de ser elegido en las urnas, no le iguala en derechos. Además de los ordinarios, él tiene otros divinos, y cuando habla del derecho superior a manifestarse, no se refiere al hecho de hacerlo, del que nunca ha carecido, sino a que a él no se le contesta: cuando habla, todo el mundo se calla y punto. Ellos pueden difamar a un gobierno, y los demás debemos agachar la cabeza. A no ser que queramos disolver la democracia. Y ya se están cansando de avisar. Desde aquí y desde Roma.

De aquí.

La escoba, la vela y la zanahoria

Sabemos que el cardenal Rouco Varela no es partidario del divorcio y así nos lo dio a conocer a finales del año pasado, con gran aparato propagandístico y mediático, rodeado de sus pares y jaleado por sus fieles. Pero sabemos también que la excepción confirma la regla y que hubo un divorcio concreto que sin duda no le debió sentar tan mal. Me refiero al de la princesa Letizia (con z de Zapatero), gracias al cual pudo el clérigo oficiar con la pompa debida los esponsales del heredero de la Corona en una escena digna del mejor Anouilh, en la que el honor de dios y el del rey parecieron, por un momento, evidenciarse absolutamente unidos.

Viene esto a cuento de las reacciones públicas tras la reciente manifestación episcopal en defensa de la familia, que no fue tanto un acto religioso como político, en el que los discursos se impusieron a las plegarias, y los prelados, lejos de la cristiana costumbre de implorar por los que nos gobiernan, se dedicaron a acosarlos. A partir de ese día se ha organizado un pequeño guirigay en torno a las expresiones de la Iglesia sobre los asuntos de la política y las interferencias que el Estado padece por parte de los poderes fácticos, entre los que no es el menor el de la Conferencia Episcopal, aunque tampoco quizá tan grande como los obispos quisieran y los gobernantes temen. Merece la pena insistir en lo que oí por la radio al vicepresidente socialista de Castilla-La Mancha: los obispos y la Iglesia tienen todo el derecho a opinar de política, igual que cualquier ciudadano. Pues este es el punto: también los ciudadanos tenemos derecho a replicar a los obispos, sin ningún respeto diferencial hacia ellos más que el que se debe a todo individuo, pudiendo discrepar no sólo de sus opiniones políticas, sino polemizar también sobre sus recomendaciones morales y lucubraciones dogmáticas. Carecen por eso de fundamento las farisaicas quejas de algunos portavoces eclesiásticos por la supuesta campaña de descrédito organizada contra la Conferencia Episcopal tras la manifestación litúrgica. En cambio, hay que agradecerle a Rouco y compañía que, al sacar las masas a la calle en defensa de su particular visión del mundo, hayan propiciado el debate que nuestra sociedad necesita sobre el papel de la religión en general, y de la Iglesia Católica en particular, en la convivencia española. Un debate que, en aras del consenso de la Transición y del respeto a valores que se pretendían intocables, se ha venido escamoteando a los españoles durante estas tres décadas de democracia.

La casualidad quiso que el señor García Gasco, arzobispo de Valencia, espetara su apocalíptica profecía de que las leyes propiciadas por el Gobierno amenazan con la disolución de la democracia al tiempo que yo andaba inmerso en la lectura de un interesante libro de Daniel Dennet, profesor en Tufts University, sobre la religión como fenómeno natural. El libro de Dennet [Romper el hechizo, Ed. Katz] presta atención a la eclosión religiosa que la sociedad mundial experimenta en nuestros días, en los que el fundamentalismo parece ganar espacio y protagonismo en todas las confesiones, de modo que se pregunta por la conexión evolutiva entre los chamanes de la Amazonia, las creencias populares en el más allá y las religiones organizadas. Durante casi quinientas páginas insiste en que es preciso "cambiar el clima propiciado por quienes sostienen que la religión está por encima de toda discusión, de toda crítica y de todo desafío". Entiéndase que hablamos no sólo de los aspectos políticos de la religión, sino también de los propiamente religiosos, que obstinadamente los guardianes del templo se han reservado para sí y sobre los que hay muy poco debate en el mundo académico y científico. Llaman la atención, por ejemplo, las expresiones de escándalo (aunque sean, por otra parte, justificadas) que muchos exhiben al conocer el carácter de las madrazas islámicas mientras reclaman con toda naturalidad que en las escuelas públicas se adoctrine a los niños sobre la fe católica, sin otra alternativa que la sumisión a los dictados de la Iglesia. Pero no de otra cosa se ha venido debatiendo (aunque por elevación) cuando hemos discutido sobre la eliminación de la religión como asignatura curricular y la inclusión de la educación para la ciudadanía. En ese debate, la Iglesia española, verdadero ariete intelectual e instrumento de propaganda del Partido Popular, puso de relieve su confusión y sus contradicciones entre el carácter profético de su función religiosa y las demandas de poder que la agitan. Las sociedades democráticas son, por principio, abiertas y no hay materia en ellas que no deba estar sometida a debate, incluidas las creencias espirituales de los diversos grupos de ciudadanos y los comportamientos morales que de ellas se derivan. Nuestros jóvenes tienen derecho a una formación integral que les permita en el futuro tomar decisiones informadas en todos los aspectos de su vida y ejercer sus opciones de la forma más libre y responsable. Las religiosas, también.

Pero, como decía al principio, no se trata ahora de incoar un debate teológico sino de una disputa por definir quién manda. Durante siglos, la Iglesia se ha visto a sí misma como el aglutinante de España. Una estrecha alianza entre el trono y el altar permitió que la Monarquía católica liderara la unidad política del país por encima y al margen de las instituciones civiles y, con sus variantes históricas, dicha alianza se prolongó hasta el final de la dictadura franquista. A los jóvenes de hoy conviene recordarles, o enseñarles si es que no lo saben, que el consejo que asumió la regencia del Estado a la muerte de Franco estaba compuesto por tres miembros, un civil, un militar y un prelado. La Iglesia ha ejercido de manera directa el poder temporal en este país hasta hace apenas tres décadas, permitiendo incluso a sus cardenales sentarse en las Cortes franquistas y sumarse al coro de los aplausos al dictador, a quien bendijeron como cabecilla de una auténtica cruzada de su fe. Ha disfrutado de prebendas, privilegios y prerrogativas como probablemente ninguna otra comunidad católica lo hizo durante el siglo XX en el mundo, desarrollando una actividad tan variopinta que le permitía lo mismo determinar la legislación con arreglo a sus conceptos morales que establecer el calendario de los días festivos. Esto se acabó con la democracia, pero no del todo. Precisamente porque, aunque la Constitución establece la no confesionalidad del Estado, la capacidad de influencia del lobby clerical se ha mantenido como martillo pilón.

Los sucesos de ahora guardan estrecha relación con la escalada del fanatismo religioso en todo el mundo y el mayor protagonismo de las organizaciones que lo sustentan. La presencia de Ratzinger en el solio de Roma ha consolidado las corrientes integristas y retrógradas dentro de la institución. Se aprecia por doquier un revisionismo de las doctrinas y comportamientos que emergieron en la década de los sesenta como consecuencia del Concilio Vaticano II. Éste intentó definir la relación de la Iglesia con el mundo de su tiempo, dando así lugar a una "teología del mundo" en la que destacó por sus trabajos el español José María González Ruiz. En su famoso libro El cristianismo no es un humanismo, abordó la necesidad de un diálogo abierto con el ateísmo contemporáneo, singularmente el marxista, expresándose con palabras tan contundentes como éstas: "La Iglesia no ha recibido de Cristo una misión de producir técnicas políticas, sociales o culturales..., por eso no tiene por qué crear una política cristiana, una cultura cristiana, una sociedad cristiana, un Estado cristiano, ni siquiera un partido cristiano". Para añadir: "... la Iglesia como tal es un ámbito puramente religioso y no debe contaminarse ni siquiera de la apariencia de poder civil". Otro teólogo católico, Olegario González de Cardedal, en su obra El poder y la conciencia señala por su parte que "la moral civil de una sociedad no siempre coincidirá con el proyecto social ni con una legalidad inspirada en el evangelio. Lo contrario supondría una eliminación del pluralismo social o de las vías democráticas de su expresión" (el subrayado es mío). Opiniones como las citadas ponen de relieve que en el propio seno de la Iglesia existen voces cualificadas y discrepantes respecto a la condena del laicismo radical que el señor García Gasco hizo en la manifestación de Madrid.

El laicismo, en la medida que exista, sólo puede ser radical, pues ha de garantizar la absoluta separación entre el Estado y cualquier tipo de confesión religiosa, por mayoritaria que sea, en la sociedad a la que representa. Pero el laicismo de nuestros gobernantes lejos de ser radical está más que descafeinado, al punto de permitir y promover la presencia de toda clase de símbolos, ritos y actos litúrgicos católicos en funciones estrictamente civiles, como los funerales de Estado o las tomas de posesión de los cargos públicos. Desde el punto de vista de la construcción democrática, estos hechos son más perniciosos incluso que la financiación con dinero público de las confesiones religiosas porque transmiten un permanente mensaje de la supuesta catolicidad del Estado. Por lo demás, si los obispos y sacerdotes quieren entrar en política, en su derecho están. Pero a la hora de recibir sus lecciones sobre democracia habrá que recordarles que la Iglesia es una de las sociedades menos democráticas de las imaginables. No guarda los más mínimos de los requisitos exigibles a cualquier formación política que concurra a unas elecciones libres y, desde luego, llama la atención el machismo, éste sí, radical de su estructura de poder y la ausencia de cualquier sombra de igualdad de género en sus filas.

En un mundo crecientemente globalizado y multicultural, donde tantas religiones sirven de excusa o aval para casi cualquier cosa, es preciso discutir con transparencia y honestidad las relaciones entre el poder político y las iglesias. Se trata de un debate pertinente y apasionante, que nos devuelve al escrutinio de la modernidad emanada de la Ilustración, defensora de la radical igualdad de los ciudadanos, y enfrentada ahora a sentimientos de identidad de todo tipo. A este respecto recordaba yo, en un reciente artículo para el semanario Expresso de Lisboa, el refrán de que en España siempre hay que ir detrás de los curas o con un palo o con una vela. Viene al pelo para coronar este artículo. Aunque, a fin de escapar de tan horrible dilema, los Gobiernos democráticos han preferido mostrar a los clérigos la zanahoria. Parece que el experimento no funciona.

De aquí.

Sobre la estulticia mitrada

Yo no tengo la culpa. La clerigalla ha irrumpido en el debate político, como los clérigos fundamentalistas en los países islámicos, y yo no pienso callarme, porque va en ello mi futuro y puede que mi pellejo. Ni yo puedo hacerlo, ni el resto de la prensa que ayer dedicaba parte de sus portadas a la irrupción descarada del clero en la vida de los españoles.

Ayer recordábamos cómo los talibanes de la Conferencia Episcopal tenían cogido a Mariano Rajoy por los cataplines a cuenta del matrimonio entre homosexuales. Ahora le toca el turno al jesuita renegado, portacoz de los obispos reunidos, Juan A. Martínez Camino, con un sermón en el diario El Mundo, que es todo un monumento a la necedad.

Se enfrentan a diario los clérigos a una audiencia cautiva con la guardia intelectual tan baja, suelen despachar sus prédicas con un discurso tan plano, tan estúpido e infantil que tan sólo la fe de sus fieles puede conservarles el respeto, allí, en la penumbra, arrodillados y aterrorizados, con el alma en un puño tras escuchar los tormentos con que les amenazan sus tres dioses, abandonada en el pastor del rebaño toda capacidad de análisis crítico.

Pero, sacados de su contexto, al aire fresco de la intemperie, en un mundo adulto, los sermones de los clérigos me llevan a preguntarme si miles de años de evolución del homo sapiens sapiens no deberían haber dado más de sí, para que tengamos que soportar que el pináculo evolutivo esté representado todavía por gente como este jesuita renegado.

Leamos al jesuita y sus argumentos del todo a cien en el boletín oficioso del PP: Una niña de seis años viene del colegio contándole a su madre que la profesora le ha dicho que se podrá casar con su amiguita Verónica. La madre, horrorizada, trata de explicarle un poco las cosas. Al día siguiente, la niña vuelve del colegio llorando y tachando a su madre de mentirosa porque la profesora le ha explicado de nuevo que sí podrá casarse con Verónica y que su madre está anticuada y es ‘homófoba’. ¿Podrá esta madre tratar de defender legalmente la realidad de su hija como futura esposa de su futuro esposo y exigir a la maestra que deje de tratar de borrar de la cabecita de su hija los conceptos sagrados de ‘esposo’ y ‘esposa’? No podrá, porque los promotores de la actual legislación sobre el matrimonio le han arrebatado ese derecho.”

Para los que estéis acostumbrados a oír sus disparates en misa supongo que estas parábolas infantiles no os cogerán por sorpresa, pero no entiendo cómo el maestro de maestros de periodistas, cuyo nombre no oso pronunciar, presta las páginas de su periódico a literatura tan chusca y argumentos tan necios.

Pero eso no es todo. Inmediatamente  da un salto en el vacío sin red, y pasa del juguete literario (era el día de Reyes, qué le vamos a hacer) al análisis político. Y en este campo sí que brilla el renegado:“La actual legislación española no reconoce ni protege al matrimonio y, por tanto, supone un retroceso histórico respecto de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (…) Una legislación que no es que haya tipificado para una minoría lo que podría mal llamarse un matrimonio homosexual, sino que ha deshecho el matrimonio de todos, arrojándolo fuera de la Ley”.

Lo dice este lacayo del Vaticano, ese estado ridículo de solterones que, como nos recordaba hace unos meses el “Movimiento Masa Perú”, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no ha firmado los siguientes convenios, unas minucias, al fin y al cabo:

Supresión de la discriminación basada en la sexualidad,

Supresión de la discriminación basada en la enseñanza,

Supresión de la discriminación basada en el empleo,

Supresión de la discriminación basada en la profesión,

Protección de los pueblos indígenas,

Protección de los derechos de los trabajadores,

Protección de los derechos de las mujeres,

Contra los genocidios,

Contra los crímenes de guerra,

Contra los crímenes contra la humanidad,

Contra el apartheid,

Por la supresión de la esclavitud,

Por la supresión de los trabajos forzados,

Por la supresión de la tortura,

Por la supresión de la pena de muerte

Nada de ello ha querido firmar esa Iglesia, la misma que ha matado, torturado, esclavizado, maltratado y discriminado en nombre de su podrida moral a tantos millones de personas a lo largo de su historia, y que prefiere los Derechos Divinos del farsante de Roma a los Derechos Humanos que tan trabajosamente pretendemos extender los que vivimos a este otro lado de la razón. ¡Qué sabrá el jesuita renegado de derechos humanos!

De verdad que siento que no exista el infierno de Forges, para ver desde el cielo cómo ardían sus disfraces de seda y oro, cómo se desmoronaban sobre sus tonsuras las tiaras, cómo las ínfulas ribeteadas de plata se derretían sobre sus cogotes, estallando sus báculos engarzados de pedrería en unos fuegos artificiales eternos, mientras los diablos los rociaban de agua maldita desde sus hisopos de fuego.

Reconozco que como maldición no me quedado mal. Tengo que acordarme el año que viene de pedírselo a los Reyes.

De aquí.

Los infiernos

Píos deseos al empezar el año electoral

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¿Qué es, entonces, lo que se va a dirimir en las próximas elecciones generales? Aunque, por lo dicho, no lo parezca, algo muy importante, tan importante que toca nada menos que a la raíz misma de la democracia. Para que ésta funcione es menester, claro está, que haya la posibilidad de una alternancia en el poder, por lo común entre la derecha y la izquierda. Pero, ¿qué es lo que ocurre si una de ellas no está capacitada para gobernar? ¿No fallarán, en tal caso, los fundamentos mismos del sistema? Según el PP, esto es, la derecha, el Gobierno de izquierdas ha sido un desastre sin paliativos en sus políticas antiterrorista, exterior, territorial, religiosa, de inmigración, sobre la familia. Tanto yerro sólo tendría una explicación y es que la izquierda, por su naturaleza sectaria e ignorante, no puede gobernar bien y no debería tener nunca el poder, del que hace tan mal uso. Eso, huelga decirlo, no es lo que se piensa en los demás países avanzados, donde por mucho que se critiquen entre sí, izquierda y derecha se aceptan y se respetan.

Lo que no hacen es descalificarse continuamente, que es lo que ha hecho en los últimos cuatro años el PP. Tan disparatada es esa actitud que, sin duda con miras a las elecciones, ha recogido velas e intentado moderarse, aunque como la inercia es grande, hay dirigentes y medios de comunicación que ya no saben ejercer una crítica civilizada. El mal que se ha hecho, en cualquier caso, es grande. En un país con una historia como la nuestra, con enfrentamientos en el pasado que fueron a muerte, es imperdonable volver a alzar barreras contra la convivencia. Tan imperdonable es que sólo por ello los populares no se merecen ganar las elecciones del 9 de marzo. No es que los socialistas lo hayan hecho todo bien. El Gobierno ha pecado de ingenuo en política antiterrorista, de precipitado en política territorial, de vacilante en política social, de triunfalista en política informativa. Pero premiar por ello a una derecha tanto tiempo instalada en la incivilidad no sería bueno. Si se comprobara que da fruto la descalificación permanente del gobierno de turno, ¿no se vería tentada la izquierda, si pasara a la oposición, a adoptar la misma actitud? ¿No sería malo para el país que prosiguiera la situación actual, sólo que al revés, con un Rajoy como presidente enfrentado con movilizaciones casi continuas y tildado a todas horas de retrofranquista, homófobo, integrista, xenófobo, belicista, anticatalán, antivasco, antiecologista?

Todo ello por descontado que sería falso, como falso ha sido lo que se ha dicho del presidente Zapatero y de su Gobierno durante toda la legislatura que ahora acaba. De producirse tal situación, se ahondaría la brecha entre derecha e izquierda y acabaría en entredicho el progreso mismo, demostrando con ello que somos un país políticamente poco desarrollado.

En suma, hay que desear que las elecciones obliguen a unos a centrarse y moderarse para ganar dentro de cuatro años e incite a los otros a mejorar su labor de gobierno. Y, desde luego, impulse a todos a tratarse con el respeto y la tolerancia que son de rigor en un país avanzado.

De aquí.

Los restos del confesionalismo

Los paños calientes del Gobierno, y especialmente de su vicepresidenta, frente a la jerarquía católica no han servido de nada. Los exabruptos absolutamente infundados sobre el retroceso en derechos humanos y en democracia en España porque no se atiendan las peticiones de los sectores más integristas de la Iglesia católica no deben recibir la callada por respuesta. Deben reaccionar no sólo el PSOE y el resto de partidos -no lo hará el PP, por el que esa jerarquía hace campaña a dos meses de las elecciones-, sino especialmente el Gobierno, ciñéndose a la Constitución, que proclama la separación Iglesia-Estado, una separación que no acaba de ser real.

Es hora de profundizar en este aspecto de la democracia española y eliminar los rastros que queden de confesionalismo, ya sea en la celebración de funerales de Estado, en la peculiar financiación de la Iglesia católica -que ha de ampliarse a otras confesiones-, en el papel del catolicismo en la enseñanza o en la actuación religiosa de los poderes del Estado en actos oficiales. Ello redundará en una mejor convivencia interna en una sociedad más y más multirreligiosa.

Lo que la Iglesia planteó el pasado domingo en Madrid no fue una manifestación en defensa de la familia -como si el Gobierno la atacara-, sino un auténtico acto electoral en apoyo del PP. Es difícil para el PSOE plantear un laicismo radical en vísperas electorales, dado que muchos de sus votantes son creyentes, mayoritariamente católicos. Pero eso no quita para que deba abordar sin dilación esta cuestión en el comunicado que difundirá hoy y en su programa, lo que implicaría la revisión de los acuerdos de 1976 y 1979 con la Santa Sede que sustituyeron, con un espíritu preconstitucional, al Concordato de 1953.

Defender una secularización estricta del Estado no significa ir contra la Iglesia, sino ponerla en el lugar que le corresponde, incluida esa "cooperación" con ella "y las demás confesiones" que también propugna la Constitución. Y, en efecto, la educación sería una obligación hoy por hoy inasumible sin la contribución (financiada por el Estado) de las escuelas confesionales.

La jerarquía eclesiástica, con tonos nacionalcatólicos, se ha radicalizado, pero ello responde también a que los sectores más integristas de católicos y de otras religiones son los más activos en nuestros días, mientras que la moderación pierde adeptos y fieles.

José Blanco, secretario de organización del PSOE, ha pedido una "rectificación" a la jerarquía católica por "mentir" con las descalificaciones sobre los derechos humanos y el retroceso democrático. Pero es algo que desde hace años la radio de los obispos desgrana a diario, junto a otra sarta de mentiras. Cuando la democracia española ha cumplido 30 años, debería haberse librado de los últimos lastres de los poderes fácticos para construir un Estado laico de verdad.

De aquí.

Señas de identidad

Parece que, en Estados Unidos, las prácticas legales, pero amorales, de financiación a los particulares no se reducen únicamente a las hipotecas subprime, tan en la picota en nuestros días. Conceder créditos sobre la base de información incompleta o completa pero inadecuada, como los famosos préstamos a los NINJA (no income, no job, no assets o, lo que es lo mismo, a sujetos con una mano delante y otra detrás), podría parecer el summun de una cadena de despropósitos que ahora se quiere arreglar, -como siempre pagando justos por pecadores-, y que es consecuencia de un modelo de agencias, el norteamericano, carente, como se ha probado, de la mínima supervisión necesaria. Ingenuos. Como en los dibujos infantiles, no se vayan todavía que aún hay más. Y peor. Ha caído en mis manos un artículo de la edición online de la CNN sobre el modelo de payday lending que, de no proceder de quien procede, podría considerarse como una aberración informativa de carácter interesado. Sin embargo, es verdad como la vida misma. Y pone los pelos de punta. Ríanse Uds. de los créditos rápidos que se comercializan en España.

En esencia, el payday lending no es sino un asidero desesperado para aquél que tiene que afrontar un pago menor, con carácter inmediato, y no dispone de efectivo suficiente para hacerlo. Surge como una vía para solventar una necesidad apremiante de financiación de los ciudadanos lo que podría, incluso, hasta justificar una cierta función social. Su duración normal es de quince días. Hasta ahí, lo bueno. Un par de líneas. Sin embargo, no es oro todo lo que reluce. El problema, por ir a lo esencial, es triple. En primer lugar, sus usuarios habituales son minorías, con escaso bagaje cultural, fundamentalmente mujeres. Debería dar una pista. En segundo término, la realidad es que para ese público objetivo, no hay, en muchos casos, otras vías de salvar su perentoria situación, lo que facilita el abuso. El reclamo habitual, consistente en la gratuidad del primer préstamo, supone, en numerosas ocasiones, el inicio de una espiral de endeudamiento que lleva a renovar sucesivamente la cantidad adeudada con comisiones cada vez más elevadas. Tercero, los intereses de partida son de un 15% quincenal, de media, salvo en aquellos estados en los que se ha establecido por ley que el máximo a cobrar sea de, agárrense a la silla, un 36% anual. Una ganga, vamos.

Aunque ha habido un par de estados que ya han prohibido su existencia, como Carolina del Norte y Georgia, lo cierto es que la práctica se ha extendido como la espuma por todo Estados Unidos. De 107 oficinas en 1996 se ha pasado a 1562 diez años más tarde. Quince veces más en una década. Eso sí que son Growth y Value cogidos de la mano. Y, casualidad de casualidades, a que no sabe Herrera dónde ha crecido su presencia de forma más acelerada, que diría el doctor Rodríguez Braun. ¿En los lugares donde hay más ejecuciones hipotecarias? Claro que sí, Sr. Herrera. Hay más oficinas de payday lending en Ohio que McDonalds, Burger King y Wendy´s juntos. Para que alguno todavía se pregunte cuál es la seña de identidad de Norteamérica. Toma American way of live.

¿Quién ha dicho que el capitalismo salvaje ha dejado de existir? Sigue igual pero de una forma más evolucionada. Más refinada, cabría decirse. Menos visible. Antes, al obrero se le pisaba el pescuezo, se le hacía producir en unas condiciones penosas, apenas tenía libranzas y se le consideraba como un elemento más de una cadena productiva que perseguía la maximización salvaje del beneficio del “empresario”, que se pasaba la conciencia social por el forro de su bolsillo. Viva la RSC. Y el trabajador a tragar para comer, valga la redundancia. (Uy, por un momento me ha parecido estar hablando de la China del siglo XXI. ¡Qué cosas tienes McCoy! ¿De dónde te habrá venido esa asociación de ideas?, ¿no hablábamos de capitalismo?) Hoy lo que se ha refinado es el mecanismo de explotación. Partiendo de la misma necesidad de subsistencia, lo que hacen las agencias prestamistas es aprovechar la situación para apretar a sus “clientes” hasta límites que superan con mucho, los límites de lo razonable. Con una diferencia, lo hacen bajo la mirada complaciente de una autoridades que ven la paja en el ojo ajeno pero apenas notan el peso de la viga en el suyo. Y luego, como en el caso subprime, sorpresa y prisas a partes iguales. Para que luego digan que es Spain la que is different.

De aquí.

El dinero de los tontos

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Cataluña da pasos hacia la privatización de la Atención Primaria votando a la búlgara peperos españolistas, nacionalistas traidores y nacionalistas puros, comunistas y el siempre afable y conciliador partido socialista. Madrid, cuyo consejero de Sanidad dijo tiempo ha que había que “seguir la senda catalana”, adelanta a la región periférica con los hospitales de Esperanza Aguirre. Se trata de una promesa imposible de cumplir, la construcción de ocho hospitales en tres años, parecida a la de la reducción de listas de espera del periodo anterior ya tratada en esta página. La presidenta promete nuevos hospitales sin especificar con qué fondos extraordinarios los construirá en el plazo de tiempo que se marca. Para ello, tiene una herramienta maravillosa, el truco de los trucos, algo rollo Sarkozy. Es la construcción de estos a manos privadas y una especie de gestión mixta. El resultado final, vaya por Dios, es que diez meses después de la fecha prevista para la entrada en funcionamiento de los nuevos centros, no hay ninguno terminado. La Comunidad no ha podido equipar y poner en marcha los hospitales. No tiene dinero. La culpa, ahora, es del Estado central ¿les suena? No, no les suena, todavía no han pedido la autodeterminación. El dinero, ni lo tiene ni lo tendrá, dice ahora el consejero de Sanidad, hasta la segunda mitad de 2008. No obstante, a las empresas privadas que han edificado las instalaciones hay que pagarles un canon. Durante treinta años. Éste, el primero, cercano a quince millones de euros por hospital, que son siete (el de Valdemoro no es mixto, sino una concesión enteramente privada), por unos servicios que no se prestan, ya está abonado. El ciudadano da por nada. David Gistau, desde su columna en El Mundo, se refiere a esta Comunidad como el éxito del modelo de una España sin Zapatero. En este aspecto, nos encontramos frente al modelo sanitario español del siglo XXI: derroche inútil de fondos públicos acorde a campañas publicitarias electorales de ciencia ficción para implantar un sistema ya fracasado en Reino Unido –reconocido por sus  propios promotores. La consecuencia será, casualmente, el auge de la sanidad privada, en la que las clases medias ven menguar la calidad-precio de la asistencia, ya que pruebas diagnósticas y servicio –el producto que se vende- no sólo es inversamente proporcional a la rentabilidad que obtiene la empresa cuyo fin es lucrarse, sino que es un bien por el que se paga cuya calidad elige el vendedor en un contexto en el que si el comprador estuviera capacitado para determinarla, sería médico -siete años de carrera y no sé cuántos de Mir. Futuro, bendito futuro. El derecho a la Salud, según la cuenta corriente. Es decir, el derecho a que ondee la bandera de España en el ayuntamiento, bajo un impuesto extraordinario. Es un ejemplo puntual… una sugerencia, sin más, visto lo visto ¡pero crearía más ampollas!

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De aquí.

The New Yorker